Iñaki Urdangarin no se sentará en el banquillo de los acusados hasta 2015, pese a que la fase de instrucción del caso Nóos está a punto de concluir, a falta tan solo de que el juez José Castro decida en las próximas semanas si vuelve o no a imputar a la hija menor del Rey, la infanta Cristina de Borbón. Las previsiones iniciales apuntaban a que la vista oral podría celebrarse en el primer trimestre de 2014, pero el colapso de la Audiencia de Palma, atascada por otros muchos casos de corrupción que esperan ser juzgados, retrasará el juicio más de un año, según aseguran a El Confidencial fuentes jurídicas.
Castro, que ha rastreado en los últimos meses las cuentas de la Infanta en busca de pruebas de un delito de blanqueo de capitales, está a la espera de los últimos informes solicitados a la Agencia Tributaria. El juez ha pedido a Hacienda los datos de otras seis cuentas bancarias ligadas a Aizoon S. L., la mercantil cuya propiedad comparten los duques de Palma y que se nutría de los fondos captados de forma fraudulenta por el Instituto Nóos. Una vez que tenga esa documentación en su poder, Castro la trasladará a todas las partes personadas en la causa para que opinen sobre la imputación de Doña Cristina, antes de pronunciarse él mismo.
Ese será el último paso antes de dar por cerrada la instrucción del caso. Será entonces cuando el fiscal Pedro Horrach presentará el escrito de acusación contra Urdangarin y el resto de los imputados, entre ellos su ex socio Diego Torres; la esposa de éste, Ana María Tejeiro; el secretario personal de la Infanta, Carlos García Revenga; el ex presidente de Baleares Jaume Matas; el ex director general de Deportes del Ejecutivo balear José Luis Ballester,Pepote, o el presunto cerebro de la trama de evasión fiscal del Instituto Nóos,Salvador Trinxet.
Tras el fiscal, el resto de acusaciones -entre ellas la popular, que ejerce el sindicato Manos Limpias- deberá también calificar los hechos, y posteriormente las defensas de los imputados presentarán sus argumentos. Si la infanta Cristina se sienta finalmente en el banquillo, los abogados Miquel Roca,Jaume Riutord y Jesús Silva llevarán su defensa. Por último, la causa se elevará a la Audiencia de Palma para que se celebre allí la vista oral del juicio, cuya duración podría prolongarse varios meses, ya que está previsto que presten declaración cerca de 275 testigos, según las fuentes consultadas.
'Lista de espera'
Esas mismas fuentes aseguran que la Audiencia de Palma sufre un verdadero colapso debido a la acumulación de casos de corrupción en lista de espera para ser juzgados. Entre ellos las numerosas ramificaciones del llamado caso Palma Arena, el sobrecoste millonario que el Gobierno de Matas pagó por la construcción de un velódromo en la capital balear.
También contribuye notablemente a ese atasco el hecho de que la Audiencia provincial sólo dispone de dos secciones de lo penal -las otras tres son civiles-, una de las cuales será la que juzgará el caso Nóos. La Sección Segunda fue la que tumbó la pasada primavera la primera imputación de la Infanta, aunque dejó la puerta abierta a una segunda por blanqueo de capitales.
Al exceso de carga de trabajo y la escasez de fechas disponibles en las dos secciones de lo penal hay que sumar un tercer factor que también contribuirá a retrasar el juicio del caso Nóos: ningún imputado está en la cárcel. Los procesos penales en los que uno o más imputados se encuentran en prisión preventiva tienen prioridad a la hora de ser juzgados, y ello debido a una razón: evitar que un acusado rebase el plazo máximo de dos años en esa situación que marca la ley. En el caso Nóos nadie cumple prisión preventiva, lo que sin duda dilatará los plazos para fijar la apertura de la vista oral.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó en enero del pasado año asumir la competencia sobre el caso Nóos, como había pedido Matas. El ex presidente balear justificó su reclamación argumentando que la causa afectaba a varias provincias españolas -hay imputados en la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid- y que el blanqueo de capitales era uno de los delitos a investigar. Pero Moreno se opuso porque, a su juicio, "no constan acreditados en este procedimiento datos relativos a la comisión de delitos en el extranjero, que de concurrir determinarían la competencia de este juzgado central de instrucción".