Esta semana, quizás ya de manera inmediata, el juez Castro dictará la resolución que imputará, o no, a la infanta Doña Cristina. No puede demorarse. No tanto por el "martirio" que la espera esté causando al Rey y a su familia, sino por la erosión que la instrucción penal está provocando a la institución de la Corona. De ahí que el jefe de la Casa del Rey haya salido a la palestra pública, inusualmente, para pedirle al juez que no se demore más, porque cualquier retraso adicional repercute sobre la Jefatura del Estado.
Por desgracia para todos, y Rafael Spottorno viene así a reconocerlo, la instrucción penal proyecta, además de la mala imagen de los Duques de Palma, otra no mejor del propio Rey al que el veredicto público atribuye falta de vigilancia sobre su yerno y, eventualmente, sobre su propia hija. Para muchos ciudadanos es difícil de entender que el Rey y su entorno, personal y administrativo, no detectasen el comportamiento abusivo de Iñaki Urdangariny, consecuentemente, permitiesen durante tanto tiempo lo que parecen ilícitos penales.
El Rey y su Casa no tienen demasiado margen de tiempo. Las cañas se pueden tornar lanzas ante un Parlamento en 2016 mucho menos dispuesto que el actual a franquear a la institución una renovación rápida y generosaEl "martirio" al que se refiere el jefe de la Casa del Rey no es principalmente el personal o familiar, que también, sino el institucional. A estas alturaspoco importa que la Infanta sea o no imputada. Se ha instalado un clima de opinión mayoritario que ha asumido que Doña Cristina está recibiendo un trato de favor. Son muchos los que piensan que a la Corona le saldría más a cuenta una imputación porque, pese a los argumentos del ministerio fiscal, se constataría que la ley es igual para todos. Sobre la hija menor del Rey y sobre su marido hay ya una sentencia en juicio paralelo, al que ha coadyuvado estúpidamente  la Agencia Tributaria y la precipitación exculpatoria del fiscal, que en este proceso anduvo fino al principio y nervioso al final.
Ignoro si el jefe de la Casa del Rey conocía o no la encuesta del pasado domingo del diario El Mundo, muy dura para Don Juan Carlos. Pero sus palabras han coincidido con la muestra demoscópica publicada.
Casi la mitad de los consultados por el diario no creen que la monarquía sea ya la mejor forma de Estado para España y más del 60% estima que el soberano debe abdicar para dejar que su hijo, Don Felipe, restaure el prestigio de la Corona. Don Juan Carlos no está por la labor. Lo expresó con claridad en su mensaje de Navidad del pasado día 24 de diciembre. Pero este proceso penal puede provocar, tanto si es imputada su hija como si lo es sólo su yerno, fortísimas convulsiones de consecuencias imprevisibles. En eso, en esa agitación política, reside el "martirio" institucional al que se refería Spottorno.
Las decisiones que afectan a la cúspide el Estado son asuntos que conciernen al entero sistema político-institucional. No estamos ante un martirio privado y familiarEl Rey y su Casa, una vez se dicte resolución por el juez Castro y, luego, por la Audiencia, no tienen demasiado margen de tiempo. No más del que resta de legislatura. Con la actual correlación de fuerzas en las Cortes, el Rey podría traspasar la Jefatura del Estado al Príncipe de Asturias, cuyo único inconveniente actual es la corta estima pública que provoca su consorte, circunstancia que introduce indecisiones, dudas y alguna incertidumbre. Pero si el Rey se pasa de fecha, y hay peligro de que así suceda, y se mantiene en su magistratura durante la vista oral a su yerno (quizás también a su hija, aunque al arriba firmante le parezca poco probable esta hipótesis), las cañas se pueden tornar lanzas ante un Parlamento en 2016 mucho menos dispuesto que el actual, seguramente, a franquear a la institución una renovación rápida y generosa.
Así está la situación. Edulcorarla, incluso aunque haya que relativizar las encuestas sobre el Rey y la Monarquía, sería un ejercicio de frivolidad o, en el mejor de los casos, de voluntarismo. Hay que ser conscientes de que el presidente del Gobierno tiene el reto de Cataluña sobre la mesa y hay que asistirle concediéndole, aun críticamente, el beneficio de la duda sobre su capacidad para resolverlo. Pero tiene también, lo mismo que el PSOE yRubalcaba, el reto de manejar la crisis de la Corona, porque su solución no depende sólo del Rey. El Estado español es una monarquía parlamentaria, representativa, sin poderes ejecutivos y las decisiones que afectan a la cúspide el Estado son asuntos que conciernen no sólo a la voluntad del titular de la máxima magistratura, sino al entero sistema político-institucional. No estamos ante un martirio privado, familiar. Estamos ante un ‘martirio institucional’ que afecta a todos los españoles.