UN CIERTO SILENCIO
- Artículo de
La constitución y las Tablas de la Ley
Magazine | 19/12/2013 - 23:59h
Últimamente, entre políticos y analistas, la palabra“Constitución” está siendo más empleada que nunca. Especialmente para referirse a la imposibilidad de que los catalanes sean consultados sobre su futuro. Eso, según dicen, lo prohíbela Constitución. Y, si lo prohíbela Constitución, sostienen, no hay manera de cambiarlo. Tanto aferramiento a ese texto me lleva a leérmelo enterito, a ver si encuentro el misterio que justifique su sacralidad.
Lo único que encuentro, en realidad, es un marco jurídico que sin duda fue valioso en 1978, pero que en muchas cosas se ha quedado anticuado. No me parece aceptable, por ejemplo, que el artículo 15 admita la pena de muerte en tiempos de guerra. Ni justa la famosa “inviolabilidad” de los parlamentarios. Tampoco es aceptable, ni justo, y ni siquiera “constitucional” (rizando el rizo), que el artículo 57, que trata sobre la sucesión en la corona, siga diciendo que se prefiere “el varón a la mujer”.
Pero, al margen de esos restos de otros tiempos, lo peor de nuestra Constitución es todo lo que afirma que debería ocurrir y no ha ocurrido, ni probablemente ocurrirá jamás. En este país de derroche, es absurdo leer que “la programación y ejecución del gasto público responderá a los criterios de eficiencia y economía”. O que “toda la riqueza del país está subordinada al interés general”, cuando hemos tenido que soportar demasiadas veces lo contrario.
Con nuestros seis millones de parados, resulta hiriente saber que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”. Que los poderes públicos deben realizar “una política orientada al pleno empleo”. Y, ahora que tanta gente se ha quedado sin ingresos y hasta sin sanidad, una vez concluido su paro, duele recordar que esos mismos poderes “mantendrán un régimen de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo”. Por no hablar de ese súmmum del discurso vacío de contenido que es el artículo 47 del título III: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Ahí queda eso. Darían ganas de reírse si no fuera por los millones de personas que, desde hace treinta y cinco años, han llorado por el incumplimiento flagrante de muchos de esos artículos, sin que nadie los haya amparado. Termino pues mi relectura de la Carta Magnamás convencida que nunca de que estas no son, como algunos pretenden, las Tablas de la Ley escritas en piedra por Dios en persona. Sólo es un texto lleno de buenas intenciones que los políticos deberían aplicar, y de humanísimos errores que merecen ser corregidos, incluyendo la posibilidad del derecho a decidir de las nacionalidades, si sus ciudadanos así lo exigen: no es la sociedad la que debe estar al servicio de la Constitución, sino la Constitución la que ha de servir a las necesidades de la sociedad. A no ser que a todos esos miembros de su secta no les importe que acabe pareciendo una broma de mal gusto, claro.
