El Gobierno colombiano rodea de incógnitas el hallazgo del navío español hundido en 1708 para dificultar las reclamaciones de otros países y de empresas cazatesoros
ANA MARCOS Bogotá 6 DIC 2015 - 22:56 CET
Pintura de Samuel Scott que recrea la batalla de Barú, en la que fue hundido el galeón ‘San José’
La leyenda del galeón San José se alimenta desde hace décadas por el tesoro que llevaba en sus entrañas. Casi 200 toneladas de oro, plata y esmeraldas es el saldo que se recuerda periódicamente, sin una certeza científica, pero que se ha llegado a traducir en miles de millones de dólares. Estas pingües cantidades avivan, con más o menos picaresca, las esperanzas del pueblo colombiano de pagar la deuda externa o asumir el coste del posconflicto que está por llegar. La mañana del sábado, la ilusión se convirtió en intriga. El presidente Juan Manuel Santos anunció el hallazgo de la embarcación al mismo tiempo que corrió un velo de dudas. “La información es secreto de Estado”, dijo. Entonces, comenzaron las preguntas.
Por el momento, solo se conoce la versión gubernamental sustentada en la palabra del responsable de la operación, Ernesto Montenegro, director del Instituto colombiano de Antropología e Historia (ICANH), y unas imágenes submarinas de objetos encontrados en la superficie del barco. Este diario ha intentado ponerse en contacto con el experto, sin éxito. “Estamos en una primera fase”, aclaró el mandatario en un intento de justificar por qué, entre otras cuestiones, no se informó del lugar exacto en el que se encontró elSan José.
“Partimos de la base de que el galeón hallado es el mismo que encontramos nosotros”, explica a EL PAÍS Danilo Devis, abogado de Sea Search Armada en Colombia, la empresa estadounidense que litiga desde los ochenta con el Gobierno por el tesoro. El portavoz se muestra convencido de que es la misma área, por esta razón anuncia que esta semana van a enviar una carta al presidente Santos pidiéndole que les lleven a la zona para el cotejo. “Si se acredita que no está donde nosotros lo encontramos, renunciamos a toda reclamación”, asegura. El litigador recuerda que dentro del proceso civil, Sea Search Armada solicitó el embargo de todos los objetos que salieran de las áreas marítimas identificadas y que fueran consignados en el Banco de la República. Además, reivindica la sentencia de 2007 en la Corte Suprema de Colombia –obviando el fallo de 2013 en la Corte Suprema de EE UU a favor del Ejecutivo- que determinó que la empresa recibiría el 50% de lo hallado siempre que se inventariara como tesoro, no como patrimonio. “Esta medida está vigente”, dice, “inevitablemente tienen que contar con nosotros pase lo que pase”.
Montenegro aclaró durante la declaración oficial del sábado que el sonar del buque Malpelo, embarcación de la Armada de Colombia adaptada para la investigación, captó anomalías correspondientes alSan José “en áreas nunca antes exploradas”. Néstor Humberto Martínez, exministro de Presidencia que ahora ejerce de asesor legal en esta operación y es miembro de la Comisión de Antigüedades Náufragas, creada por el Gobierno de Santos, ratifica que la decisión de reservarse el lugar del hallazgo “no tiene nada que ver” con las demandas de Sea Search ni la posible amenaza de otras empresas cazatesoros.
Martínez justifica, en conversación con este diario, otros de los interrogantes del caso. ¿Por qué no se dan los nombres de los expertos de alto nivel y los socios elegidos en base a criterios científicos? “El régimen legal de alianzas público-privadas está sujeto a reserva legal”, asegura. “En fases posteriores se podrá publicitar en base a la ley”. Durante la visita a la base naval ACR Bolívar de Cartagena, EL PAÍS intentó hablar con varias personas que trabajaban en el interior del Malpelo, atracado en el puerto, y que llevaban uniformes con el logo de la empresa estadounidense dedicada a la investigación del fondo marino Woods Hole Oceanographic Institution, pero rehusaron hacer cualquier tipo de declaración. Desde el Ministerio de Cultura de Colombia no ofrecen datos sobre la compañía ni su posible colaboración en la operación.
En lo que sí se mostró determinante Juan Manuel Santos fue en adjudicar a su país la propiedad del galeón San José. “Es patrimonio de los colombianos”, afirmó. “Todos los análisis jurídicos que hemos realizado así lo demuestran”, apostilla Martínez apoyándose en la ley de patrimonio sumergido de 2013 y “todas las disposiciones del marco legal de Colombia”. El asesor aduce que “trasciende a su responsabilidad” pronunciarse sobre las posibles reclamaciones de España, Ecuador y Perú (origen del cargamento), los tres países involucrados en este hallazgo. El Gobierno español declaró el domingo que “va a solicitar al colombiano una información precisaacerca de la aplicación de la legislación de su país en la que fundamenta y justifica la intervención sobre un pecio español”.
“Llegamos hasta aquí por cualquier cosa distinta al azar. Ha sido un trabajo planificado”, advirtió Mariana Garcés, titular de Cultura en Colombia y una de las responsables de la ley de 2013, que será determinante para dilucidar si el blindaje jurídico colombiano será suficiente para que el galeón San José y sus tesoros se queden en Colombia.
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