Alrededor de 4.716.000 pensiones, la mitad del total, están bajo el umbral de la pobreza (inferiores a 684€ mensuales).
“Existe un nuevo pobre que hace cola en el supermercado, no solo es el que pide en la calle”
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español(EAPN-ES) ha presentado su VII Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008 – 2016‘. Esta presentación se produce en el marco de la Semana de lucha contra la pobreza y la desigualdad, que celebró el 17 de octubre, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
En nuestro país, las personas en riesgo de pobreza se encuentran en una situación donde viven en un hogar con una renta inferior al Umbral de pobreza, establecido en el años 2016, en 8.208,5 €, es decir, 684 € mensuales para un hogar compuesto por una sola persona (es decir, una unidad de consumo).
La pobreza ha aumentado para toda la población española en su conjunto, para las mujeres, para las personas mayores de 65 años, para los hogares monoparentales, para los/as extranjeros/as provenientes de la Unión Europea, para los/as que están en paro, paraaquellos/as con educación primaria y, también, para los/as que tienen educación superior.
Una situación de empobrecimiento que afecta al 29,7% , un total de 12.989.405 personas y que nos sitúa muy por encima de la media Europea, situada en el 23,4%, según los datos que esta semana ha hecho público la Oficina Europea de Estadística, Eurostat.
“Existe un nuevo pobre que hace cola en el supermercado, no solo es el que pide en la calle”, advierte Juan Carlos Llano, autor del Informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008 – 2016. El experto destaca entre las conclusiones del estudio que hay que vigilar el compromiso con la UE, que hay una recuperación asimétrica (no todos los grupos sociales crecen en la misma proporción) y que existe una gran desigualdad territorial.
Aumento de la pobreza y la exclusión social en España
En la Estrategia Europa 2020, lanzada en 2009, puso en marcha un indicador específico, denominado AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. Un indicador agregado que combina la Tasa de Riesgo de Pobreza Relativa (o pobreza monetaria) con la Privación Material Severa (PMS) y la Baja Intensidad del Trabajo en los Hogares (BITH).De esa manera bajo dicha estrategia, el gobierno de España fijó el objetivo de reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Así como una reducción proporcional de la pobreza infantil, antes de finalizar 2019.
Las evidencias estadísticas reflejadas en el VII informe de EAPN, demuestran que no se ha avanzado en el cumplimiento de estos compromisos. Transcurrida ya más de la mitad del período previsto para su consecución, para la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, puede afirmarse que “en España no sólo no se ha avanzado en la reducción de la pobreza y la exclusión social, sino que ésta ha seguido aumentando”.
A pesar de la recuperación macroeconómica, la pobreza afecta a un 22,3% de la población. Un porcentaje histórico, que equivale a 10.382.000 personas. En otras palabras, el Producto Interior Bruto (PIB) y pobreza no van de la mano. Y es que cuando ronda la amenaza de crisis, los daños comienzan siempre por la población pobre y, cuando se controla, ésta es la última en beneficiarse. Desde el año 2008, el número de personas en riesgo de pobreza se ha incrementado en más de 1.242.000.
En este sentido, Carlos Susías, presidente de EAPN España, enfatizó durante la presentación del informe que “es preocupante que las personas en situación de pobreza que fueron las primeras en notar el impacto de la crisis cuando aún no se reconocía que ésta existía, sean las últimas en notar la recuperación de la que estamos hablando ahora. Es decir, son las primeras en recibir el impacto y las últimas en recibir las supuestas bondades de la recuperación”.
Susías afirmó también que “es necesario tomar medidas para que la situación de pobreza sea revertida, así como tener políticas sociales y una estrategia firme y general con el objetivo de erradicar la pobreza“. Susías recordó la necesidad de proteger a las personas ya empobrecidas y de realizar una profunda transformación en la configuración de estas políticas sociales.
En 2016, aproximadamente el 6,4 % de la población, más de 2,9 millones de personas, vivieron y viven en una situación de pobreza severa (es decir, viven en hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo es inferior a 4.104 € al año (342 € al mes). Cabe destacar que de esa población pobre la mitad, está compuesta por personas adultas entre 30 y 64 años, un 10 % de población mayor y el 40 % restante son jóvenes menores de 30 años.
Pensiones bajo el umbral de la pobreza
Preocupante también, son las cifras que tienen que ver con las pensiones, ya que según EAPN alrededor de 4.716.000 pensiones, la mitad del total, están bajo el umbral de la pobreza (inferiores a 684€ mensuales): el 40% de las pensiones de jubilación, el 70% de las pensiones de viudedad y casi el 90% de las de orfandad. Según los datos del Ministerio de Empleo recogidos por la EAPN, en 2016, de las 9.473.482 pensiones que se abonaron , el 50% no llegaron a los 677,6 euros mensuales.
La semana pasada con motivo de las marchas por unas pensiones dignas, la Unión General de Trabajadores, UGT denunció que la mayoría de las pensiones mínimas (6 de un total de 13 modalidades) se situaban por debajo del umbral de la pobreza. El hecho de que la pensión mínima de jubilación para mayor de 65 años sin cónyuge (637,7 euros) o con cónyuge, pero no a cargo (605 euros) y para menor de 65, sin cónyuge a cargo (596,5 euros), se encuentren por debajo del umbral de la pobreza, determinan de forma clara para el sindicato, por ser las pensiones más frecuentes, el hecho de que la pensión más habitual en España se sitúe claramente por debajo de este umbral, en 645 euros por mes.
Una situación de empobrecimiento de los pensionistas a la que hay que añadir el límite fijo del 0,25% en el incremento o subida anual de las pensiones, independientemente de la evolución de los precios y la situación económica del país. Teniendo en cuenta que la tasa de inflación se sitúa en el 1,8%, esto se traduce a la continuada pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. En términos de economía cotidiana, podemos ver que los precios siguen subiendo y las pensiones lo siguen haciendo a ese ridículo ritmo del 0,25% interanual. Las pensiones han perdido un 3,5% del poder de compra desde 2013 y se estima que a este ritmo, perderán un 9,5% hasta 2022, es decir, un 13% en 10 años.
Desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP), reclamamos la urgente adopción de medidas que supongas la recuperación del poder adquisitivo de los pensionistas, que pasan por cambiar los términos de la actualización anual fija del 0,25% estipulado desde 2013, por el incremento anual de las pensiones en función del Índice de Precios de Consumo (IPC), así como la necesaria subida de las pensiones más bajas, equiparando al menos la pensión mínima con el salario mínimo, establecido en 707,60 euros.
#ContraLaPobreza
